En la actualidad existe un limitado acceso a la
justicia, esto se debe a factores económicos,
sociales, temporales y de distancia. Guatemala
consta de un sistema de justicia centralizado,
lo cual genera congestionamiento en los tribunales.
Las mujeres que sufren de violencia, personas
que viven con VIH y la comunidad LGTBI, no
constan de un entorno legal amigable y apropiado para el libre ejercicio de sus derechos, debido
a que son grupos que históricamente han sido
invisibilizados
El proyecto de asesorías jurídicas móviles consiste en asistir en una unidad móvil a algún municipio de los departamentos de Guatemala con un equipo de dos educadores y dos abogados haciendo la función de una oficina jurídica
móvil. La jornada para mujeres iniciaba con una
taller sobre derechos humanos, la Constitución Política de la República de Guatemala, así
también se exponían los tipos de violencia, la
discriminación y la ruta de una denuncia. En el
caso de las asesorías prestadas a la comunidad
LGTBI, se desarrollaba de la misma forma, adicionando los derechos propios de la comunidad,
cómo se conforman y cuáles son los actos que
son constitutivos de denuncia. Posteriormente,
los abogados procedían a realizar las asesorías
legales correspondientes y trasladar los casos a
sus respectivas sedes
Al asistir a las comunidades, se contó con una
Abogada que su idioma materno es Kaqchikel,
lo cual creó un vínculo más cercano y familiar con
las mujeres pertenecientes a los lugares. Esto,
propició que ellas pudiesen compartir directamente la información exacta con los miembros
de su familia y comunidad.
Se ha determinado que las mujeres, en cualquier
lugar de la República, de cualquier edad, de la
etnia a la que pertenezcan y el estrato social que
tengan, son susceptibles a ser víctimas de violencia. Este proyecto llegó a alcanzar a más de
500 mujeres, las cuales son líderes en sus comunidades o representantes de alguna institución
pública.